Capítulo del libro pecadores y pecadoras, historia sexual de los argentinos, de feder

[nachonacho]

Capítulo del libro pecadores y pecadoras, historia sexual de los argentinos, de federico andahazi Los sesenta: Los nuevos años locos

 

Existe la creencia, ciertamente extendida, de que la flecha de la historia avanza en el mismo sentido de la evolución de las libertades y la apertura de criterios en materia de sexualidad. Sin embargo, al examinar someramente los distintos períodos, se comprueba fácilmente que esto no es así; al contrario, en algunas ocasiones, el SEXO parece moverse en sentido contrario...

“FRONDIZI Y LA TÍA MARGARITA”

 

En sus postrimerías, la dictadura militar que derrocó a Perón en 1955 contaba con indicios muy concretos para saber que el justicialismo seguía siendo la fuerza política más numerosa del país, a pesar –e incluso a causa– de la férrea proscripción al que fue sometido. Cuando en 1956 el general Aramburu declaró nula la Constitución de 1949, se topó con el cuestionamiento legal de diversos sectores: cómo un gobierno de facto podía atribuirse la potestad de reformar la Constitución desde el momento en que su autoridad se basaba en la violación de la misma Carta Magna. De hecho, la decisión de Aramburu derivó en una crisis con la Corte Suprema de Justicia. Para enmascarar el fraude y vestir este atropello con un manto de legalidad, el régimen resolvió convocar a una Convención Nacional Constituyente que convalidara la derogación de la Constitución de 1949. Así, los convencionales deberían ser electos por la voluntad popular. Pero, como no podía ser de otra forma, el espíritu democrático del gobierno militar tenía un horizonte estrecho y un límite muy preciso: el peronismo quedaba excluido de la posibilidad de ser elegido y tener representación en la convención. Desde el exilio, Perón llamó a votar en blanco. Entonces la fidelidad al viejo líder quedó literalmente expuesta blanco sobre negro: en las elecciones del 28 de julio de 1957 el voto en blanco se quedó con la primera minoría superando a todas las fuerzas políticas que se presentaron. Pero, claro, el peronismo, cuyo caudal subterráneo se hizo manifiesto en los masivos votos en blanco, estaba amordazado y no tuvo representación en la Convención Nacional Constituyente. Este antecedente permitió a la dictadura pronosticar el resultado de las elecciones generales convocadas para el año siguiente y, en consecuencia, tomar nuevamente medidas proscriptivas.

Con el Partido Justicialista otra vez prohibido de cara a las elecciones de 1958, Perón y Frondizi negociaron a través de sendos delegados, John William Cooke y Rogelio Frigerio, el apoyo del general exiliado en España a la candidatura de Frondizi. A cambio de este aval, el candidato por la Unión Cívica Radical Intransigente se comprometió a legalizar la CGT y a levantar la proscripción del peronismo. Con el determinante caudal electoral del justicialismo prohibido, Arturo Frondizi triunfó ampliamente en las elecciones del 23 de febrero de 1958, imponiéndose por más de cuatro millones de votos, cerca del doble de los sufragios que cosechó la fórmula Balbín-Del Castillo por la UCR del Pueblo. Arturo Frondizi asumió la presidencia el 1º de mayo poniendo fin a la oprobiosa dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu.

Durante su gobierno se acuñó el término «desarrollismo» para describir el perfil de su administración. A diferencia de las políticas industrialistas del peronismo, basadas en el apoyo a la producción nacional mediante la intervención del Estado, la gestión de Frondizi, signada por las ideas de Rogelio Frigerio, impulsó la industria pesada mediante la radicación en el país de empresas multinacionales. Este esquema de producción, que afectaba principalmente a la pequeña y mediana industria y a los sectores del trabajo ligados a ella, provocó fuertes tensiones sociales caracterizadas por huelgas obreras y movilizaciones estudiantiles.

En contrapartida, el gobierno aplicó el tristemente célebre Plan Conintes (Plan de Conmoción Interna del Estado), un programa de represión sistemática que habilitaba a las fuerzas armadas para reprimir huelgas, disolver protestas, manifestaciones y detener activistas para que pudieran ser juzgados por tribunales militares. La sumisión del gobierno de Frondizi a las continuas presiones castrenses terminó por atar de manos a la administración, a punto tal que los sucesivos ministros de Economía, como Álvaro Alsogaray y Roberto Alemann, fueron impuestos desde los cuarteles.

En cuanto a las normativas que, directa o indirectamente, tenían incidencia sobre la vida sexual de los argentinos, las cosas parecían ir por el mismo y estrecho andarivel determinado por el poder militar y eclesiástico. Como ya hemos dicho, el gobierno de facto de Aramburu había declarado inconstitucional el Reglamento de Procedimientos Contravencionales que otorgaba poderes judiciales a la policía, la que podía determinar el arresto tanto de prostitutas como de homosexuales o disidentes políticos de manera sumaria. Pero Frondizi, para congraciarse con la Iglesia, anuló aquella resolución reinstaurando la legislación anterior, represiva y retrógrada.

Durante la presidencia de Arturo Frondizi se encumbró uno de los personajes más oscuros, nefastos y patéticos de la historia de los últimos años: el comisario Luis Margaride, una suerte de Savonarola del siglo XX, un cruzado contra la homosexualidad, las «depravaciones» y el adulterio.

Desde la Sección Moralidad, a cuyo frente fue nombrado en 1959, el comisario se propuso, entre otras tantas elevadas actividades, exterminar la homosexualidad, aunque en su espíritu anidara el anhelo de erradicar, lisa y llanamente, la sexualidad. Hombre proveniente del riñón de la Iglesia, no sólo organizaba feroces razias en diferentes locales para poner al descubierto y detener homosexuales, aprehender a parejas heterosexuales por el escandaloso hecho de que se besaran en la vía pública, sino que fue incluso mucho más allá de lo que nadie había llegado, persiguiendo el venerable propósito de extirpar el pecado de la ciudad de Buenos Aires, a la que veía como una Sodoma rediviva.

El comisario Margaride solía encabezar personalmente los allanamientos a numerosos hoteles alojamiento; en estos procedimientos, una comisión policial iba forzando las puertas habitación por habitación, requisando e identificando a los sospechosos que temporariamente ocupaban las camas. Así, los pecadores sorprendidos en paños menores –en el mejor de los casos– debían dar explicaciones a los uniformados. Si los circunstanciales moradores de un cuarto resultaban ser adúlteros, eran inmediatamente denunciados a sus cónyuges por la expeditiva vía telefónica y luego conducidos a una comisaría. Algunos años más tarde, en mayo de 1963, la película La cigarra no es un bicho, una comedia dirigida por Daniel Tinayre, satirizaría estos grotescos operativos policiales tragicómicos y las contradicciones entre los nuevos vientos de libertad sexual que empezaban a soplar en la década del 60 y el choque con los viejos moldes represivos aún vigentes. A causa de esta mojigatería activa y su puritanismo militante, Luis Margaride se ganó el mote popular de Tía Margarita. En materia de libertades sexuales, el desarrollismo de Frondizi no parecía haber llegado siquiera a la pubertad.

 

“SANTOS PECADORES”

La libertad de acción de Frondizi estuvo seriamente limitada por las continuas presiones militares; en el curso de sus cuatro años de mandato, además de las imposiciones castrenses sobre la composición del gabinete de ministros, el gobierno soportó veintiséis levantamientos militares y seis conatos de golpe de Estado. Los sucesivos intentos de legalizar al peronismo tuvieron numerosas idas y vueltas a causa de la sistemática oposición de los militares.

Ni siquiera la proscripción del justicialismo alcanzó para contentar a las Fuerzas Armadas. Tras negarse a anular las elecciones de 1962, el 29 de marzo de ese año Frondizi recibió un llamado en su despacho. Era el contraalmirante Gastón Clement, el mismo que tiempo antes denunciara la demencial conspiración porno-comunista. El mensaje fue claro:

Señor presidente, quiero comunicarle que se ha resuelto su destitución y vamos a detenerlo. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer nada y dentro de un rato lo va a visitar el jefe de la casa militar. Se lo anticipo por si tiene que hacer algún preparativo.

La respuesta del Presidente fue más terminante aún: «No, muchas gracias».

Esa misma madrugada se hizo presente en su despacho un grupo de militares que venía a detenerlo. Pero el presidente, firme en su convicción, se resistió con una frase que había pronunciado unos días antes en un discurso televisado: «No renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país». La contestación de Frondizi tuvo un efecto inesperado y abrió un compás de espera, en el curso del cual se produjo un silencioso complot civil en el seno de la conjura pergeñada por los militares encabezados por el general Raúl Poggi: el senador radical intransigente José María Guido aprovechó el agotamiento de los militares quienes, luego de la larga vigilia conspirativa, se retiraron a descansar. Literalmente, los militares «durmieron»: cuando quisieron asumir el poder, descubrieron que la Corte Suprema de Justicia ya le había tomado juramento a Guido como presidente provisional de la Nación. Sin margen de maniobra para una nueva asonada, los militares golpistas, en un pacto que les evitara la befa pública, resignaron los cargos pero no el poder: Guido firmó un acta en la que, virtualmente, se comprometía a obedecer al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En tanto, Arturo Frondizi fue detenido y permaneció preso durante más de un año.

La primera medida de gobierno de Guido fue anular por completo las elecciones de 1962 incluidos los demás distritos tal como exigían los militares. Inmediatamente después dispuso la disolución del Congreso Nacional, a la vez que todas las provincias eran intervenidas por gobernadores de facto. El gabinete de ministros, y particularmente el Ministerio de Economía, fueron ocupados por funcionarios provenientes de los sectores más liberales: Federico Pinedo permaneció 19 días en el ministerio y renunció tras la drástica devaluación del peso a la mitad.

La política general de gobierno y la crisis en que ya estaba sumida la economía, generaron cerca de cien mil despidos sólo en la industria metalúrgica y la textil. A Pinedo lo sucedió Álvaro Alsogaray, quien recortó los pagos del Estado y emitió bonos para pagar sueldos. Así como en el pasado el término «patriótico» se utilizó para sacralizar el fraude o para bendecir la simiente de lo que sería la infame deuda pública mediante el eufemismo «empréstito patriótico», Alsogaray volvió a apelar al viejo ardid para nombrar la estafa a los trabajadores con papeles pintados bautizándolos «bonos patrióticos 9 de Julio». Por estos años, luego de iniciarse en la «Libertadora», continuaría su ascendente carrera política José Alfredo Martínez de Hoz. La débil figura de Guido, de por sí sometida al poder castrense, además quedó asediada bajo el fuego cruzado de las facciones militares en pugna conocidas como azules y colorados.

En este contexto político y social, uno de los pocos funcionarios que permanecieron en sus cargos fue el cruzado Luis Margaride, aquel que se encargaba de perseguir homosexuales y allanar hoteles para cazar adúlteros. Acaso la historia sexual de los argentinos podría resumirse en unas pocas palabras; sin dudas, uno de los términos que mejor sintetizaría el nexo entre la vida pública y la vida privada de muchos de los que ocuparon sitios encumbrados en la historia de nuestro país es «hipocresía». Tal vez uno de los pocos hechos memorables del breve gobierno provisional de Guido haya sido un crimen, en apariencia policial, que, sin embargo, puso de manifiesto la inconmensurable distancia entre lo que se declamaba desde los estrados públicos a la luz del día y lo que esos mismos defensores de la moral hacían en otros ámbitos menos visibles.

La gélida mañana del 29 de mayo de 1962, Norma Mirta Penjerek, una estudiante de 16 años, como todos los días se dispuso a ir al colegio, el Liceo de Señoritas Nº 12. Ese día había huelga general; su madre, Clara Breitman, le sugirió que se quedara en casa. Pero ella prefería ir al colegio y encontrarse con sus amigas a quedarse encerrada en su cuarto. A la tarde, además, tenía su clase particular de inglés.

A pesar de la huelga y el frío polar, Norma hizo su rutina: por la mañana fue al colegio, al mediodía regresó para almorzar en su casa y a las seis y media de la tarde volvió a ponerse el abrigo para ir a su clase de inglés. Esta vez fue su padre, Enrique Penjerek, quien le insistió para que no volviera a salir, habida cuenta de que no funcionaban los colectivos. Ella sonrió, se levantó el cuello del tapado y le dijo a su padre que no le importaba caminar. Fue la última vez que la vieron. Jamás regresó. La profesora de inglés, Perla Stazauer, confirmó que Norma estuvo en su clase habitual desde las siete hasta las ocho de la noche. ¿Qué pasó durante el trayecto desde la casa de su profesora en la calle Boyacá 420 hasta su casa en Juan Bautista Alberdi 3252 a la que nunca llegó? Nadie pudo decir qué sucedió en aquellas diecisiete cuadras; no había testigos: nadie declaró haber visto a Norma esa noche luego de la clase de inglés.

Los días se sucedían, lentos y desoladores, y los padres de Norma, a pesar de la falta de noticias, no se resignaban a ese silencio opresivo. No había ninguna pista, ninguna hipótesis firme, ni siquiera una versión extraoficial. Nada.

Ni en los libros de guardia de los hospitales, ni en las comisarías, ni en las morgues había registro alguno de Norma Penjerek. Por aquellos días, apenas salió una pequeña nota en la prensa titulada “Extraña desaparición de una joven”. Pasadas dos semanas desde la desaparición de Norma, Enrique Penjerek decidió publicar una solicitada en los diarios acompañada de una foto de Norma, apelando a la buena voluntad de aquellos que pudieran aportar algún dato. Pero no obtuvo más que los típicos llamados de fabuladores y algún aprovechador que pretendían lucrar con su desesperación. Cuando el caso parecía condenado al limbo de los expedientes de la Sección Desaparecidos del Departamento Central de Policía, el 16 de julio de 1962 apareció el cadáver de una mujer joven en un descampado de la localidad de Llavallol en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo estaba desnudo, a medio enterrar y en avanzado estado de descomposición.

De inmediato llegó la policía y tomó cartas en el asunto. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades, impericias y torpezas: no se tomaron huellas dactilares, los efectivos pisotearon la escena del crimen borrando indicios y desechando evidencias; ni siquiera se analizaron las prendas interiores que se encontraron a pocos metros del lugar. Tanta ineptitud resultaba sospechosa. Desde el primer momento se hizo evidente que la policía intentaba ocultar algo.

El cadáver estaba irreconocible: la víctima había sido estrangulada con un alambre y presentaba, además, un corte en la vena cava superior. De acuerdo con la primera autopsia, se determinó que se trataba de una mujer de un metro sesenta y cinco y aproximadamente veinte años de edad. A pesar de que Norma tenía cuatro años menos, medía poco más de un metro cincuenta y de que la ropa encontrada cerca del cuerpo, según declararon sus padres, no pertenecía a su hija, la policía se apresuró a determinar que la víctima era Norma Mirta Penjerek. Pero más grave aún resultaba el hecho de que los padres no reconocieron a su hija en aquel cuerpo desfigurado. Evidentemente, algún encumbrado personaje con poder suficiente para adulterar el expediente e influir sobre la investigación estaba detrás de estas oscuras maniobras. La policía pretendía clausurar rápidamente el caso a pesar de que nada cerraba. Por añadidura, la autopsia indicaba que la muerte se había producido entre el 4 y el 8 de julio, lapso que no guardaba relación con el avanzado estado de descomposición que presentaba el cadáver el día en que fue encontrado. Sin embargo, la policía logró amañar una dudosa pericia odontológica con una presunta prueba dactilar y pretendió poner punto final al asunto. El escándalo no tardaría en estallar.

El expediente dormía el sueño de los justos en algún cajón de Tribunales y no había el menor indicio de que la causa se reactivaría. Sin embargo, el 15 de julio del año siguiente al crimen, María Sisti, una prostituta detenida en la Sección Moralidad, cuya jefatura estaba al mando de Margaride, dijo conocer al asesino: «Yo sé quién mató a la chica Penjerek», declaró y el largo silencio se convirtió en conmoción. La mujer apuntó a Pedro Vecchio, un concejal de Florencio Varela por la Unión Vecinal, agrupación vinculada al peronismo. Los vecinos habían notado que, en muy poco tiempo, Vecchio había pasado de ser un modesto comerciante que atendía una humilde zapatería cerca de la estación Florencio Varela a pasearse en un ostentoso Kaiser Carabela y llevar un tren de vida difícil de justificar.

María Sisti denunció que el concejal dirigía una organización dedicada al reclutamiento, el tráfico y la explotación sexual de mujeres. Además de producir material pornográfico, el honorable edil organizaba fiestas sexuales a las que asistían encumbrados funcionarios nacionales y provinciales y, como era de esperar, militares y policías aseguraban la impunidad participando del negocio. La mujer dio nombres y datos muy precisos; señaló, incluso, el lugar donde se llevaban a cabo las orgías: una quinta llamada Los Eucaliptos, en la localidad de Bosques.

Esta inesperada declaración trascendió a la prensa y produjo un efecto inmediato: al romperse el férreo pacto de silencio, otras mujeres decidieron hablar. Así, tres prostitutas más confirmaron la denuncia de María Sisti, lo que permitió imputar a Pedro Vecchio y a una mujer que lo secundaba en el reclutamiento de mujeres. El escándalo explotó en los medios. De hecho, un modesto diario sensacionalista salido a la calle poco tiempo atrás sin demasiadas expectativas de mantenerse a flote, a partir de los titulares tamaño catástrofe que en sus portadas difundía las alternativas del caso Penjerek, multiplicó sus ventas hasta convertirse en el vespertino más vendido. De alguna manera, podría afirmase que Crónica debe su larga vida a la prematura muerte de Norma. De pronto se había puesto al descubierto una red criminal que mezclaba funcionarios, políticos y personajes poderosos con asuntos vinculados a la trata de mujeres, el SEXO, la pornografía y las drogas. Todo se había invertido: aquellos mismos que denunciaban la famosa conspiración porno-comunista, los que vinculaban las drogas con los nuevos movimientos compuestos por jóvenes de incipiente pelo largo y asociaban la violencia con el marxismo, se veían obligados a dar explicaciones. Más allá de las implicaciones policiales, el caso Penjerek puso al descubierto la cara oculta de los guardianes de la moral. Pero de repente, cuando todo el mundo esperaba conocer los nombres de los funcionarios implicados en el crimen, que era sólo la punta de aquel ovillo que anudaba sexo, muerte y poder, un pesado telón cayó delante de los ojos de la opinión pública. La función terminó abruptamente. Desde las más altas esferas se obstruyó sistemáticamente la acción de los sucesivos jueces que tuvieron la causa –ocho en total–, hasta que el 5 de abril de 1965 Pedro Vecchio, finalmente, fue sobreseído. Se han tejido múltiples hipótesis, incluso una que señalaba la autoría del crimen a un grupo nazi vinculado a Adolf Eichmann, a cuya captura en Buenos Aires habría contribuido Enrique Penjerek el 11 de mayo de 1960. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia cierta que apuntalara esta posibilidad. No solamente nunca se supo quién fue el asesino, sino que hasta la fecha subsisten serias dudas acerca de la identidad del cadáver desfigurado que se encontró en Llavallol. El muy católico comisario Margaride, mucho más dispuesto a perseguir adúlteros en hoteles que a investigar redes criminales de explotación de mujeres, esta vez no levantó su índice acusatorio –en rigor, nomovió un dedo– para encontrar a los asesinos. De hecho, algunos de los policías vinculados con la causa fueron acusados de haber participado en la siniestra Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) algunos años más tarde. El caso Penjerek no sólo puso de manifiesto la sórdida hipocresía de los custodios de la decencia, sino que sería uno de los prolegómenos del largo período signado por la sangre que se avecinaba.

 

Saludos y a sus gratas órdenes