Una semana mortal

[Dios]

El lunes, fueron condenados los responsables políticos de la represión en diciembre de 2001. El viernes, la condena fue para integrantes de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad, el Plan Cóndor. Al margen de la voluntad oficial, la Justicia sigue actuando contra la impunidad de los más graves crímenes cometidos en el país. Entre ambos veredictos, Verbitsky participó en Guatemala en el debate por la aplicación de la pena de muerte. Esta es su crónica de una semana mortal.

 

Por Horacio Verbitsky

El humor del presidente de Guatemala Jimmy Morales y sus caracterizaciones denigratorias.

 

El lunes 23, el tribunal oral federal 6 condenó a los responsables políticos y operativos de la represión a los manifestantes en diciembre de 2001, cosa que nunca había ocurrido antes. El viernes 27, el tribunal oral federal 1 sentenció que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para la desaparición de personas. Entre ambos veredictos, en Guatemala se abrió el debate sobre la pena de muerte. Tuve el privilegio de asistir a los tres episodios, aquí como parte del CELS, que representó a varias víctimas de ambas operaciones, una clandestina por asociación entre las dictaduras de la región, otra abierta, durante un gobierno electo por el voto; allí en nombre de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

[h=3]El escándalo de Vasameg[/h] Los principales condenados por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron el secretario de Seguridad Enrique Mathov y el jefe de policía Rubén Santos. Sólo una discutible interpretación de la Corte Suprema de Justicia, que el CELS impugnó ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, exceptuó al ex presidente Fernando de la Rúa, pese a que Mathov declaró en el juicio que nada de lo que hizo fue sin conocimiento del presidente. El valor histórico y político del veredicto es obvio: el Estado de sitio no puede asimilarse a carta blanca para hacer cualquier cosa, dato de especial relevancia ahora, con un gobierno que comenzó regando proyectiles policiales sobre trabajadores en conflicto y niños que ensayaban un festejo de carnaval, sancionó un protocolo represivo de la protesta social y valló la Plaza de Mayo para que la realidad social no perturbara la celebración presidencial del día de la Patria. Maurizio Macrì, Marcos Peña Braun, Patricia Bullrich y los jefes de las fuerzas de seguridad que reciben sus órdenes, deben tomar nota del significado de la condena a Mathov y Santos. Igual que con el dirigente ferroviario José Pedraza, condenado por el asesinato del militante político Mariano Ferreyra, este fallo refuta la idea machacada por el discurso antipolítico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti de que la Argentina es el país de la impunidad. De todos modos, que las condenas se hayan pronunciado 15 años después constituye un escándalo que clama por una reforma de los procedimientos judiciales, cosa de la que Lorenzetti haría bien en tomar nota, entre fiesta y fiesta.

Las coordinadas defensas de Mathov y Santos recurrieron a sistemáticos planteos dilatorios y todos los funcionarios judiciales actuaron con injustificada lentitud. La primera jueza a cargo, María Servini, se reservó la investigación de los funcionarios del gobierno y de los altos jefes de la Policía Federal pero delegó en los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers a los ejecutores materiales de las cinco muertes y las lesiones de los manifestantes. A meses de los hechos, en 2002, la Sala I de la Cámara Federal ya había confirmado los procesamientos de Mathov y Santos por las órdenes ilegítimas de desalojar la Plaza de Mayo y efectuar detenciones indiscriminadas y procesado a ambos también por los homicidios culposos de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto y Carlos Alberto Márquez. Pero recién tres años después la sala II de la misma Cámara confirmó el procesamiento de los demás policías por idénticos delitos. Cuando Servini cerró la instrucción, en octubre de 2006, las defensas se opusieron a la elevación a juicio con planteos dilatorios que recién un año después fueron rechazados por la sala II. Ante una acusación de parcialidad, Servini declinó su competencia y la demorada instrucción quedó a cargo de Claudio Bonadio, que es rápido cuando quiere. Como la sala II le ordenó celeridad, Bonadio sólo se tomó otro año completo para clausurar una vez más la instrucción contra Mathov, Santos, y los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi. Al mismo tiempo en otras tres causas distintas se investigaba el homicidio de Alberto Márquez, el de Gustavo Benedetto y las vejaciones a otros manifestantes. También se perdió un tiempo precioso en la elaboración de la lista de lesionados, donde se llegó al absurdo de incluir entre las víctimas a un presunto ciudadano Vasameg, que resultó ser la transcripción distraída de una planilla sobre el envío del móvil seis del servicio de salud municipal: “Va Same 6”.

[h=3]Cueste lo que cueste[/h] Otros cinco años demoró la fiscalía la realización de un peritaje balístico solicitado por el CELS para determinar desde dónde provinieron los disparos y dónde cayeron las víctimas, que resultó una prueba decisiva en el juicio. Desde marzo de 2009 la causa estuvo en el Tribunal Oral Federal Nº 6, que malgastó otro año y medio hasta correr vista a las partes para que ofrecieran pruebas. También ese tribunal actuó con lentitud exasperante y permitió los planteos dilatorios de las defensas que persistieron hasta el final del juicio, con recusaciones múltiples a cada uno de los jueces. En 2013, con todos los plazos vencidos, rechazó con argumentos dogmáticos el testimonio de muchas víctimas, querellantes y testigos de cargo. Si la separación de los distintos hechos de la misma represión policial fue dilatoria, la reunificación en un único juicio dispuesta por el TOF 6 sometió a las más simples y avanzadas al ritmo cansino de las más complejas y donde mayores chicanas se practicaron. Ni la severa exhortación del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, a fijar fecha de juicio “de manera inminente” conmovió la parsimonia del TOF 6, que siguió dilatándolo, con excusas que merecen análisis: que dos de sus jueces también debían atender otros juicios, como el del choque de un tren contra la estación Once, a la que el juez Rodrigo Giménez Uriburu asignó prelación, sin fundamentar por qué. En el tribunal se afirma que fue Lorenzetti quien recomendó esa preferencia de un accidente ocurrido en 2012 sobre el atentado a la DAIA de 1994 y los crímenes de Estado de 2001. La sentencia se conoció el 23 de mayo de 2016. Pero los condenados seguirán en libertad hasta que la Cámara Federal deje firme la sentencia. Mathov, Santos y Gaudiero solo pasaron unos meses detenidos en 2002.

Cuando el presidente del Tribunal, José Martínez Sobrino, leyó la sentencia hubo dos reacciones contrapuestas: aplausos por las condenas, si bien se consideró exigua la pena; chiflidos y gritos por la absolución de los policías de asuntos internos acusados por los homicidios y lesiones producidos sobre la Avenida 9 de Julio. Mathov fue condenado a cuatro años y nueve meses y Santos a cuatro años, cerca del máximo posible de cinco, desde que las dos salas de la Cámara Federal calificaron los hechos como homicidios y lesiones culposas, agravados por la cantidad de víctimas. Habría sido posible imputarles homicidio simple si se hubiera probado que procuraron en forma deliberada que sus subalternos abrieran fuego (con munición de plomo) con la intención de matar a los manifestantes. Aunque no causaron en forma directa las muertes y las lesiones son responsables por haber ordenado una represión brutal, cueste lo que cueste, sin prever sus consecuencias para los manifestantes.

[h=3]Palomos y Gavilanes[/h] Dos horas después de escuchar el fallo viajé a Guatemala, a pedido de Federico Mayor Zaragoza, el ex ministro de Educación y Ciencias de España y ex secretario general de la Unesco, quien preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que integro. Mayor Zaragoza me pidió que representara a la comisión en un Foro contra la Pena de Muerte convocado por el Congreso de Guatemala, uno de los países más desiguales y con mayores índices de violencia, que desde enero es presidido por el actor cómico Jimmy Morales, de 47 años, especialista en ridiculizar a campesinos, afrodescendientes, mujeres, árabes y presos. Durante un viaje a Estados Unidos le preguntaron por el proyecto de Donald Trump de construir un muro que separe a su país de los vecinos del sur. “Le ofrezco mucha mano de obra barata, nos dice las dimensiones y con mucho gusto se lo construimos”, respondió (). Dos días después debió pedir disculpas. La candidatura de Morales fue impulsada por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemigua), un grupo de extrema derecha que reivindica la represión de los años del conflicto armado, del que los militares emergieron como una potencia económica. Su sorpresiva victoria expresa la fuerte corriente antipolítica que con respaldo de Estados Unidos promovió investigaciones judiciales sobre corrupción que llevaron a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a su vice Roxana Baldetti, a dos ex presidentes del Congreso, a dos ex superintendentes de administración tributaria y a otros funcionarios y jueces. Pérez Molina también fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos y en un documental filmado en 1983 aparece junto a los cadáveres de cuatro personas secuestradas la noche anterior. El entonces mayor Pérez Molina era comandante de campo cuando se produjeron las masacres por las cuales fue condenado el ex dictador Efraín Ríos Montt, en un juicio luego anulado por razones formales. Estados Unidos apoyaba aquellas operaciones, pero cuando Pérez Molina llegó a la presidencia hizo campaña en toda la región por un cambio de paradigma que diera por terminada la guerra contra las drogas. No hubo piedad con él. Una gran manifestación en el Parque Central, frente a la Casa de Gobierno, marcó su declinación y precedió a su arresto, como cómplice con un esquema defraudatorio por el cual las empresas pagaban la décima parte de lo que correspondía por sus importaciones y entregaban otros dos o tres décimos a La Línea, como se conoce a la organización criminal que existía desde hace décadas pero recién fue puesta en evidencia cuando Pérez Molina defraudó las expectativas de Washington. Dos mujeres azuzaron el establecimiento de la pena de muerte: la hija de Ríos Montt y ex candidata presidencial Zury Ríos, y la ex diputada Lucrecia Palomo. Su esposo, el abogado Francisco Palomo Tejera, quien fue defensor de Ríos Montt, murió ametrallado en la calle en junio del año pasado. Los Panama Papers revelaron que Palomo era el abogado de una empresa registrada por Mossack Fonseca, Broadway Comerce, que pertenecía a Marllory Chacón Rossell, a quien la prensa de Guatemala sindica como “la más activa lavadora de dinero de Guatemala y líder de una célula de un cártel de narcotraficantes”. Las fotos de prontuario muestran a una mujer joven, a quien apodan La Reina del Sur. El interés por el caso amainó cuando se supo que Palomo era gavilán.

[h=3]Gritos y razones[/h] El Foro contra la Pena de Muerte fue impulsado por el presidente del Congreso, Mario Taracena, un firme opositor al presidente Morales, quien carece de fuerza propia en el Parlamento. Guatemala es el cementerio de los partidos políticos, ochenta coaliciones de ocasión que en los últimos 30 años han desaparecido luego de un par de elecciones. El martes, Morales anunció una reforma de la ley electoral en línea con las exigencias de los movilizados en el Parque Central. Durante los debates previos se había negado a aceptar la prohibición de la publicidad electoral paga en televisión. “Porque se arruina tu patrón”, lo desafió Taracena. Se refería al empresario mexicano de televisión Ángel González (propietario del canal 9 de Buenos Aires y de varios en Guatemala). Morales terminó por aceptar esa regulación llamada a desincentivar la corrupción, que siempre se justifica en el financiamiento de la política, cuyo mayor costo es la publicidad televisiva. Chile la prohibió hace años y los partidos sólo disponen de espacios pagos por el Estado, distribuidos en forma equitativa en tres franjas horarias por día, a diferencia de la locura habitual en otros países, como Guatemala o la Argentina. Al inaugurar el foro, Taracena dijo que sólo dos democracias aplican la pena de muerte, Japón y Estados Unidos, y anunció su apoyo al proyecto de abolición presentado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ronald Arango, que ya tiene la firma de cuarenta legisladores. En la más vibrante intervención del Foro, Arango señaló “el desprecio por la vida de los más desfavorecidos. Nuestra indolencia colectiva nos condena a la violencia, cada niño sin educación, cada mujer abusada, cada muerte cotidiana nos construye el futuro. No podemos esperar paz y concordia si todos los días sembramos injusticia e indiferencia, no podemos esperar desarrollo si lo buscamos con la muerte”. Arango propuso reconocer el derecho a la vida y atacar las asimetrías sociales, económicas y políticas como causa del crimen, el dolor y la muerte. “La pena de muerte nos la hemos aplicado desde el momento en que como sociedad toleramos que los niños trabajen en lugar de ir a la escuela. Muerte es lo que cosechamos cuando nuestro modelo de desarrollo se basa en mano de obra barata que esquilmamos hasta el límite mismo de lo humano”. Agregó que 60 por ciento de los guatemaltecos viven en la pobreza, la mitad de ellos extrema. “De poco sirve promover acciones de endurecimiento de penas si los juzgados están rebasados en su capacidad de enjuiciamiento y las fuerzas de seguridad son cada vez menos efectivas”. También patrocinaron el Foro la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Arzobispado de Guatemala, la Fundación Myrna Mack, el Centro de Estudios de Guatemala y otras organizaciones de la sociedad civil. Otros expositores fueron el ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, Mauro Chacón; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León y el director del Centro de Estudios de Guatemala, David Dávila. Entre los asistentes hubo una decena de embajadores de países europeos y americanos, ente ellos la argentina María Margarita Ahumada, una embajadora de carrera.

[h=3]La caída del Cóndor[/h] Regresé el viernes, justo a tiempo para asistir a la lectura del primer fallo judicial de América en establecer que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para la desaparición de personas y la condena a quince de sus integrantes, entre ellos el ex presidente-dictador Benito Bignone, el ex jefe de operaciones de la marina, almirante Antonio Vañek; el ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Riveros, media docena de generales y el coronel uruguayo Manuel Cordero. La solitaria presencia en el banco de los acusados del ex agente de Inteligencia Miguel Angel Furci, no daba justa idea de la trascendencia del fallo. Entre los imputados que no llegaron a la sentencia, porque su extradición fue negada o porque murieron antes o durante el juicio, estaba la plana mayor de las dictaduras americanas: Jorge Videla, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hugo Banzer. El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral solicitó la extradición de Pinochet y Banzer, pero uno fue declarado incapaz y el otro murió. También Servini pidió la extradición de Pinochet en la causa por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats. Chile la negó porque según sus códigos sólo procede si hay un procesamiento previo, pero la ley argentina no autoriza a procesar a nadie sin su previa indagatoria, como derecho de defensa. Brasil protegió a Banzer hasta su muerte en 2006. Hace ya 30 años el CELS pidió al juez Néstor Blondi que extraditara a los militares uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira, y al ex jefe del Ejército Julio Vadora, pero el pedido recién lo formuló Canicoba Corral en 2001. Uruguay admitió en 2006 que se trataba de crímenes de lesa humanidad pero no los envió a la Argentina aduciendo que ya estaban bajo proceso por los mismos delitos en su país. El único que no pudo eludir a la Justicia fue Cordero, porque había huido a Brasil, donde no estaba bajo proceso, por lo que no hubo oposición a extraditarlo. El ex juez Norberto Oyarbide pidió la extradición del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez en una causa paralela al Cóndor, por la entrega secreta a la Argentina de trece opositores políticos, arrestados sin orden judicial. La pena máxima, de 25 años, fue aplicada a Riveros, Furci y el uruguayo Cordero. La mínima fue de 12 años y hubo dos absueltos. Esto molestó a algunas de las víctimas, pero era previsible. El proceso se inició cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, de modo que sólo pudo avanzar por privación ilegítima de la libertad, que constituye un delito permanente, que se sigue cometiendo mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, pero que tiene una pena menor a la del homicidio. Una vez declarada la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, los jueces no ampliaron el proceso también a los homicidios, porque hubiera obligado a repetir las indagatorias, ahora por estos crímenes, lo cual tratándose de hombres que con alguna rara excepción, pasan de los ochenta años, no haría una gran diferencia y en cambio hubiera prolongado la causa. Como el veredicto del lunes por las muertes de 2001, las condenas por el Cóndor mostraron un funcionamiento de la justicia que, al margen de lo que pretenda el gobierno nacional, sigue actuando contra la impunidad de los más graves crímenes. Sin necesidad de gritar ni pedir la pena de muerte.

 

 

Fuente: pagina 12