‘Bienvenidos al infierno’: el mensaje de los brasileños antes de las Olimpiadas

[Dios]

A casi un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Brasil, el país se encuentra lleno de problemas a los que no se les ve una solución inmediata. Violaciones a los derechos humanos, crisis política, protestas, y una recesión económica amenazan el desarrollo de la fiesta deportiva.

La XXXI Olimpiada está programada para realizarse en Río de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto próximos, serán los primeros Juegos celebrados en América del Sur en la historia y se espera la llegada de, por lo menos, de 10.500 atletas de más de 200 países, pero Brasil no parece estar preparado para ello.

Esta semana, policías, bomberos y paramédicos brasileños, protestaron por la falta de pago y las precarias condiciones de trabajo en las que se encuentran. Mostraron mensajes con los que buscaban atraer la atención sobre sus problemas laborales.

"Welcome to Hell [bienvenidos al Infierno]", se leía en una manta mostrada el lunes pasado en el aeropuerto de la ciudad. Otra señalaba: "Cualquiera que venga a Río de Janeiro, no estará a salvo". Un mensaje similar fue escrito a lo largo de un puente que atraviesa la autopista que lleva a la ciudad. "Bienvenidos", dice también en inglés. "No tenemos hospitales".

El gobernador de Río, Francisco Dornelles, tampoco se mostró satisfecho cuando declaró este lunes al diario O Globo que la gasolina para los vehículos de la policía se acabaría al final de esta semana, si el gobierno federal no entrega los 860 millones de dólares que prometió para los Juegos Olímpicos a principios de este mes.

'Soy optimista respecto a los Juegos, pero tengo que mostrar la realidad'.

Los fondos federales adicionales fueron prometidos un día después de que Dornelles declarara "un estado de desgracia pública" debido a la falta de dinero para pagar los sueldos del estado y los servicios públicos.

Dornelles también enfatizó su preocupación por el transporte que deberá atender a los 500.000 visitantes que se esperan en la ciudad, cuando la extensión del subterráneo que debería llevar a la principal sede olímpica no está lista aún. "Soy optimista respecto a los Juegos, pero tengo que mostrar la realidad", dijo Dornelles en una entrevista. "Podemos lograr un gran evento, pero si no se toman ciertas medidas, podría resultar un desastre total".

"Bienvenidos al infierno. Policías y bomberos no han recibido su salario. Cualquiera que venga a Río de Janeiro no estará a salvo". (Imagen vía Twitter).

Por otro lado, el 2 de junio pasado, Amnistía Internacional (AI) publicó el informe La violencia no es parte de estos juegos. Riesgos de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en el que muestra su preocupación porque se repita la deplorable actuación policial de la Copa Mundial de fútbol de hace dos años.

"En 2009 se le asignaron los Juegos Olímpicos a Río y las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. Pero desde entonces hemos visto que la policía ha matado a 2.500 personas en la ciudad y muy poca justicia", dijo Atila Roque, director de AI en Brasil.

Además afirmó que "parece que Brasil ha aprendido muy poco de los grandes errores que cometió durante años en materia de seguridad pública. La política de 'disparar primero y preguntar después' ha convertido a Río de Janeiro en una de las ciudades más letales del planeta".

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La organización explicó que en 2014 — el año en que se realizó el mundial — los homicidios resultado de operaciones policiales, crecieron 40 por ciento respecto al año anterior, y en 2015 el incremento fue de 11 por ciento respecto a 2014. Solamente en esa ciudad hubo al menos 580 personas asesinadas, decenas de personas heridas y cientos de detenidos producto de las protestas que hubo antes de la Copa del Mundo.

Asimismo, AI reporta que entre enero y junio de este año más de 100 personas han sido asesinadas en dicha urbe y que la inmensa mayoría eran varones negros jóvenes que vivían en favelas u otras zonas marginales.

"En marzo de 2016 se firmó una Ley Antiterrorista que incluye una redacción excesivamente vaga que deja abierta la posibilidad de ser usada injustamente contra manifestantes y activistas pacíficos", advierte el informe.

'Cualquiera que venga a Río de Janeiro, no estará a salvo'.

También asegura que con la recién aprobada Ley de los Juegos Olímpicos, se imponen nuevas restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en muchas zonas de la ciudad sede, las cuales son contrarias a la ley y a las normas internacionales.

Pero no son todos los problemas que enfrentan los organizadores del evento deportivo más importante del año. Hay una actual ola de pesimismo sobre los Juegos, la cual se ha ido desarrollando a lo largo de meses, en el contexto de una aguda y creciente recesión económica en el país que pronostica la caída de la economía en un 3,8 por ciento durante este año.

Los precios del petróleo, el azúcar y el café, principales motores económicos del país, cayeron en los últimos dos años, lo cual provocó que aumentara el desempleo y, junto a otros factores económicos, el real, la moneda oficial de Brasil, perdió 24 por ciento de su valor.

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En ese sentido, la desilusión entorno a la celebración de las olimpiadas ha ido creciendo por una serie de anuncios específicos y accidentes.

En marzo, el gobierno del estado anunció un recorte de 500 millones de dólares al presupuesto de seguridad, desatando dudas sobre la capacidad de las autoridades para enfrentar cualquier amenaza terrorista durante los Juegos.

En abril, un camino elevado para ciclistas construido especialmente para el evento se desplomó parcialmente al mar. En materia de salud, en mayo pasado, un grupo de expertos internacionales firmaron una carta abierta dirigida a la Organización Mundial de la Salud, en la que hacían un llamado al Comité Olímpico Internacional para posponer los Juegos de Río, debido a la amenaza del mosquito portador del Zika que ha crecido en el estado.

La crisis política del país también parece tener una fuerte presencia en la Olimpiada ya que, tres días antes de la ceremonia de apertura, el 2 de agosto, el senado brasileño deberá decidir si es necesario enjuiciar a la presidenta suspendida Dilma Rousseff, por supuestamente estar relacionada en un escándalo de corrupción masiva en Petrobras, la empresa petrolera más grande del país, y una de las más importantes del mundo.

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