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locogomina

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Respuesta: Viaje al infierno jovenes-pobres-madres-solteras-con-poca-educacion

 

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Viaje al infierno cordobés

 

Cómo funciona el tráfico de mujeres desde Centroamérica hacia Córdoba, a través del relato de dos víctimas dominicanas y una colombiana.

 

"Hacer plaza”. Los proxenetas tienen su lenguaje particular, repleto de códigos, con el que disfrazan el horror diario. De esta manera llaman a la rotación de las mujeres de su propiedad, porque ellos tiene mujeres, han invertido en ellas, en engañarlas, en traerlas desde Centroamérica, países vecinos o de otras provincias. Son sus dueños.

“Hacer plaza”. Mujeres dominicanas, colombianas, paraguayas, del norte o de la Mesopotamia argentina pululan por los prostíbulos derruidos que se encuentran diseminados por toda la provincia de Córdoba, a la vera de cualquier ruta, a la vista de quien quiera verlas.

“Hacer plaza”. Víctimas de su país, de la escasez de posibilidades, de la poca formación escolar que recibieron, de la maternidad precoz, de los hombres que las abandonaron. Hijas de la desesperación, se convirtieron en carne de cañón de los proxenetas argentinos, cordobeses, que tienen aceitados mecanismos para contactarlas, envolverlas y lograr, por fin, que dejen lo poco que tienen y se atrevan a soñar con un trabajo mejor, con un ingreso más digno.

“Hacer plaza”. Cuando estas mujeres llegan a Córdoba, los proxenetas borran de un plumazo todo lo prometido. Los trabajos felices no existen para ellas, les remarcan las deudas que tienen con ellos y les señalan un prostíbulo inmundo.

El “fiolo”, quien a partir de ese momento es el dueño de la mujer, elige a la más bonita, a la más dócil, a la más “rendidora”. A las otras mujeres, las rota por prostíbulos de localidades vecinas, las alquila para ver cuáles son las que “mejor andan”. A esto le dicen “hacer plaza”. Por 15 a 30 días de “trabajo”, el dueño de un prostíbulo paga a su “colega” de 2.500 a 6.000 pesos. Si la quiere “comprar”, el piso es de 60 mil pesos.

Vía Santo Domingo. Cuando en septiembre de 2010 la rescataron de un prostíbulo de El Brete –un pequeño pueblo que no llega a los mil vecinos, ubicado a un paso de Cruz del Eje, en el noroeste provincial–, los investigadores se toparon con un relato estremecedor. Según consta en el expediente de la causa, hoy en manos de la fiscal Eve Flores, la mujer dio una notable descripción de la impunidad con la que se mueven los tratantes de personas.

Cuando le dijeron que su destino era un burdel, que debía prostituirse, también le informaron que si se negaba, esos policías que ella veía alrededor del prostíbulo la iban a llevar a la cárcel por estar ilegal en el país y que se olvidaría para siempre de ver a los suyos, allá, en República Dominicana.

Al tiempo, le propusieron que ellos, los “fiolos”, le iban a hacer el favor de casarse legalmente con ella, para que pudiera obtener la residencia permanente y no ser detenida. A su marido tuvo que pagarle tres mil pesos, dinero que ella, por supuesto, no manejaba y que devolvió con más “trabajo”.

Lo mismo relató el año pasado otra mujer dominicana que fue rescatada de un lupanar de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, en el sur provincial. Su caso, que figura en un expediente judicial federal por el delito de trata de personas, es un resumen de cómo los proxenetas locales engañan a estas mujeres extranjeras.

Llegó en 2007, luego de un interminable viaje por vía terrestre (sólo a aquellas marcadas como “vip” les abonan el avión hacia Buenos Aires). Tampoco pensaba ejercer la prostitución, pero cuando se dio cuenta de los engaños de los que había sido víctima, creyó no tener otra alternativa.

Como había ingresado como turista, también cayó en la trampa de la cárcel. “Veía que siempre entraban policías a los prostíbulos para preguntar si estaba todo bien y él (por el ‘fiolo’) me decía que eran sus amigos, que si me negaba a algo me llevaba con ellos”, relató ante los investigadores.

El proxeneta, hoy detenido, la obligó a contraer matrimonio con su compadre, un hombre de 54 años oriundo de Alejandro Roca. En la ceremonia, oficiaron de testigos el propio “fiolo” y su hijo.

El nombre de estas mujeres, como el de todas las víctimas de delitos de índole sexual, se reserva para respetar su integridad y no comprometer su seguridad.

“En Córdoba, estas mujeres son llevadas a destinos insólitos y alejados. Cuando llegan, ya deben pasaje, alojamiento y comida; en muchos casos, hasta los preservativos les cobran”, relató un investigador policial que conoce de sobra el tema pero prefirió que su nombre no figurara en esta nota. “Al país –recordó– entran como turistas y tienen miedo porque ven a los policías en los prostíbulos”.

Escapatoria. Es por ello que se casan. Para evitar problemas de residencia. El matrimonio, legal pero fraguado por la necesidad, les genera más deudas.

Los proxenetas –según relataron ambas mujeres dominicanas tras ser rescatadas– les exigían que pagaran por el “marido”, el vestido y la fiesta (se organiza para más de 100 personas, como si se tratara de un matrimonio común y corriente). Un gasto enorme que sólo devolverán con más tiempo en el prostíbulo.

Creyeron que así, sin necesidad de confinamiento ni ataduras concretas, iban a poder continuar explotándola.

Pero no daba más. Y un día, a fines de julio del año pasado, juntó coraje, mintió para salir por un rato e hizo la denuncia. “Salvame”, le dijo a un policía antes de regresar.

El 18 de agosto, 12 mujeres (cinco paraguayas, cuatro dominicanas y tres argentinas) fueron liberadas por Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de Córdoba de dos prostíbulos de Alejandro Roca y Ucacha. El juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa ordenó la detención de tres personas, dos hombres y una mujer (sería una “reclutadora”), sospechados de ser los líderes de una supuesta organización que traía a las víctimas al país, bajo engaños, para luego prostituirlas.

Víctima colombiana. Le mintió por chat . Sólo él sabe por qué llegó hasta ella. Sentado al frente de la computadora, en el living de su casa de barrio Villa Adela, de la ciudad de Córdoba, invirtió horas en engañarla. Durante un año, de manera periódica, se conectaban para hablar a través del teclado, la pantalla y una webcam .

Él le dijo que entrenaba a chicos que jugaban al fútbol, que viajaba seguido a México y que estaba pronto a ir a Bogotá para empezar con otra escuelita. Ella le contó que era estilista y manicura, oficio con el que se la rebuscaba para comer junto a su niña en la precariedad de la vida que llevaba en Cali, la tercera ciudad colombiana, ubicada a casi 250 kilómetros de Bogotá, la capital del país.

Cada frase de ella era una conquista para él. Joven, madre, pobre. Perfil ideal para ser atrapada en la telaraña de la trata. “Cuando vaya a Bogotá, te busco y nos volvemos juntos a la Argentina, aquí tengo mucho trabajo para ti”, escribió, antes de intercambiar los números de teléfono.

De Cali a Córdoba. Un año después, a fines de 2010, se conocieron en persona. Tal como había prometido, él se hizo un tiempo entre las “actividades” de la escuelita que mentía tener en Bogotá y se acercó hacia Cali. Ella tenía todo listo y, aunque le costaba pensar que iba a pasar un tiempo lejos de su angelita de 7 años, sabía que con el dinero que iba a ganar pintando uñas en la Argentina pronto la llevaría con ella.

Antes de partir desde Bogotá, a ella le llamó la atención que en el hotel muchos lo saludaban a él. Parecían conocerlo de sobra, pese a que le había dicho que era la primera vez que viajaba a Colombia por el asunto del fútbol para niños. “Evitaba las preguntas”, referiría meses después ella, cuando debió declarar ante una fiscal de la ciudad de Córdoba.

Recién entonces empezaba a ponerles palabras a aquellas feas premoniciones que tuvo antes de dejar su Colombia, pero a las que no se animó a hacer caso.

Viajaron ocho días en colectivo. Un viaje un poco más corto que lo usual, porque casi no debieron esperar entre un trasbordo y otro. Pararon en Quito (Ecuador), Lima (Perú) y Santiago de Chile, cruzaron la Cordillera de los Andes por el paso Cristo Redentor y frenaron en Mendoza. Según los especialistas, allí los traficantes de personas optan, por lo general, entre dos destinos: Buenos Aires y Córdoba, nudos clave en la trata de personas en la Argentina.

Llegaron a la casa de él, en barrio Villa Adela, cerca de la ruta 20. A los pocos días, se sacó la careta. “No hay trabajo para vos, tenés que prostituirte”, le informó. Le debía plata del pasaje, la comida y el alojamiento. “Si no querés, te llevo al sur, a Ushuaia”, amenazó.

¿Quién es él? A. B. (48) ya tiene un antecedente por “promoción de la prostitución calificada” en el año 2000, tras una denuncia de quien entonces era su pareja. También tiene dos pasaportes, uno de ellos repleto. Al parecer, solía comunicarse seguido con alguien de España y México, frecuentaba Villa Carlos Paz y su nombre completo no se publica aún por pedido de las fuentes, ya que la investigación en su contra (hoy está en la Cárcel de Bouwer) continúa. Todo lo aquí publicado consta en expedientes judiciales.

Ella (34) quedó aterrorizada. Lejos de su mundo, completamente sola y a merced de él. La dejaba llamar por teléfono a los suyos. Él le marcaba los números y se quedaba a su lado cuando hablaba. Más “deudas” para ella.

La doblegó. La subió a su auto, le dio unos folletos y la llevó a distintos hoteles de la Capital. En esos papeles, decía “colombianita”, un número de teléfono y una síntesis de sus “servicios sexuales”. Ella bajaba, los dejaba en las recepciones de esos hoteles y volvía rápido al auto. No tardaron en llamar. Él la llevaba y se quedaba a esperarla. Todos los tiempos eran cronometrados. Si hablaba con alguien, él se iba a enterar, le recordaba.

Fueron casi cinco meses. Creía que la tenía doblegada y se relajó. Dejó que saliera durante el día, unos pocos minutos, y se juntara con vecinos, también colombianos. Ella recordaba las amenazas y no se animaba a contar nada. Pero también pensaba en escapar, en abrazar a su hija, en recuperar la sonrisa. Y se lo contó a una vecina. Al otro día, dijo que la iba a ver a ella. Pero corrió hacia la Policía.

La denuncia primero recayó en la Justicia Federal, que deseescortschó iniciar una causa por trata de personas y entendió que se trataba de un delito provincial. La fiscal Eve Flores imputó al hombre por los supuestos delitos de “promoción y facilitación a la prostitución” y ordenó su detención.

El 23 de marzo del año pasado, cuando el sol recién empezaba a asomarse, el grupo de elite Eter volteó la puerta de su casa, coordinados por la comisaria inspectora Claudia Flores. El sargento primero José Moreno saldría momentos después con él encapuchado y esposado. Y la psicóloga policial Graciela Cornejo fue la que tuvo la difícil tarea de convencer a esta joven colombiana de que podía volver a creer en la sociedad.

 

 

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Jóvenes, pobres, madres solteras y con poca educación

 

Este es el perfil de las mujeres dominicanas que viajan engañadas y luego, ya en el país, son prostituidas para beneficio de terceros.

 

A principios de la década pasada, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya alertaba sobre el drama creciente de las mujeres dominicanas que eran explotadas en el país. En un extenso informe llamado Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en Argentina , se subrayó que la República Dominicana, junto con Colombia y Brasil, era un importante lugar de origen de la trata de personas, en especial de mujeres con fines de explotación sexual.

“Tanto las personas individuales como aquellas que podrían suponerse parte de una red llevan adelante una serie de acciones cuyo resultado final es empujar a un gran número de mujeres a trabajar en prostitución luego de su llegada al país de destino; estas acciones, signadas por el engaño y el fraude, colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad que suele convertirse en la antesala de la prostitución como única opción, y sin que sea indispensable recurrir a amenazas o violencia física directa”, se indicó.

Entre otros puntos que remarcaron las condiciones de vulnerabilidad en las que estaban y llegaron al país estas mujeres, se resaltó que la mayoría era madre soltera, con un bajo nivel de escolaridad y nulo conocimiento sobre cómo tramitar la residencia en la Argentina, lo que era aprovechado por los reclutadores y explotadores para someterlas mediante el engaño.

Sobre el papel del reclutador, el informe describió: “En algunos casos, él o la reclutadora es una sola persona; en otros casos, se trata de dos personas que actúan conjuntamente: por ejemplo, una establece el primer contacto con la potencial migrante, la convence de los beneficios de la migración, y luego le presenta a la persona que le conseguirá ‘los papeles’ y le gestionará el préstamo”.

“La tarea de los reclutadores –destacó el estudio– es convencer a las mujeres de las ventajas de migrar a Argentina: sueldos en dólares por trabajos fáciles de conseguir, como servicio doméstico, cuidado de niños o ancianos, meseras en restaurantes, etcétera. Obtener el pasaje, gestionar el pasaporte e inespecíficos ‘papeles’ (como supuestas ‘cartas de invitación’) y garantizar alojamiento y comida durante un mes cuestan alrededor de dos mil dólares”.

Según la OIM, son claros los casos en los que el reclutador coloca a la mujer “en la orilla” de la prostitución: la presión de las deudas contraídas (muchas de ellas hipotecaron sus viviendas en República Dominicana para poder costear el viaje), la “caída” de las ofertas laborales iniciales y la falta de otros contactos en un país para estas mujeres desconocido las dejan en una situación de vulnerabilidad que muchas veces no hace necesario que los proxenetas las priven de la libertad.

Rescatadas. En septiembre de 2011, una jovencita oriunda de República Dominicana, de sólo 15 años, fue encontrada en un prostíbulo de avenida General Paz al 500, en el centro de la ciudad de Córdoba.

Allí había otras tres jóvenes del mismo país, que también quedaron bajo protección oficial. Fueron detenidas tres personas: dos mujeres, que serían la dueña y la encargada del burdel –madre de la chica de 15 años–, además de un policía que habría oficiado de “custodio” y que fue imputado por supuesto encubrimiento.

Un mes antes, el 18 de agosto, 12 mujeres (cinco paraguayas, cuatro dominicanas y tres argentinas) fueron liberadas de dos prostíbulos de Alejandro Roca y Ucacha.

Por su parte, el 4 de junio de 2011, Gendarmería irrumpió en dos prostíbulos de Colonia Barge, un pequeño pueblo de sólo 200 habitantes ubicado 291 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba, en el límite de los departamentos Marcos Juárez y Unión. Allí fueron encontradas seis jóvenes argentinas, tres jóvenes paraguayas y cuatro dominicanas, todas mayores de edad.

Hubo tres hombres detenidos en la provincia de Córdoba y una mujer, que habría oficiado como “reclutadora”, fue apresada en Santo Tomé, Santa Fe. Carlos Ochoa, juez federal de Río Cuarto, los imputó por el posible delito de trata de personas.

Llamó la atención de los pesquisas que las mujeres dominicanas (de piel negra) no habían sido vistas jamás por los vecinos ni los policías de Colonia Barge y de Isla Verde (donde viven alrededor de cinco mil personas), pese a que hacía por lo menos dos meses que se encontraban allí. Al parecer, los prostíbulos se alimentaban de clientes que iban a realizar trabajos esporádicos en los campos de la zona.

Compatriotas. En otro procedimiento, esta vez en diciembre de 2010, una pareja de dominicanos fue detenida en Justiniano Posse, ciudad ubicada 251 kilómetros al sudeste de la capital provincial, sospechada de haber engañado a una compatriota a la que luego habría obligado a prostituirse en una whiskería de esa zona.

La denunciante relató que a principios de ese año había sido contactada en Puerto Rico por dos connacionales de ella, que le ofrecieron ir a trabajar a Córdoba, aunque sin aclarar que se trataba de prostitución.

Cuando llegó a Córdoba le retuvieron la documentación y le ordenaron que se prostituyera. Dos meses después, la mujer logró escapar y viajó hacia la Capital, donde radicó la denuncia.

A través de Migraciones y en contacto con la embajada de República Dominicana, se estableció que las fechas de vuelos coincidían con su relato y se comenzó a armar el rompecabezas sobre qué le había sucedido, localizando, entre otros lugares, el prostíbulo, que había cambiado de denominación.

Tras reunir diferentes datos, el Juzgado Federal de Bell Ville ordenó que se allanara la whisquería y el domicilio particular de la pareja denunciada. Hubo dos detenidos, acusados por el presunto delito de trata de personas. En el prostíbulo, se encontró a otras mujeres de la misma nacionalidad.

Tres meses antes, en septiembre de ese año, en El Brete, un pueblo de casi mil vecinos cercano a Cruz del Eje, también fueron rescatadas dominicanas de un prostíbulo.

En junio de 2009, una joven madre de tres hijos fue hallada en un burdel de Río Cuarto, en el que además se encontró a nueve mujeres oriundas de República Dominicana.

Ya en 2008, en junio, seis jóvenes dominicanas fueron liberadas en Morteros, caso en el que también se presumía sobre trata de personas.

Pese a todos estos procedimientos, desde 2009 hasta hoy, período en el que está en vigencia la ley de trata de personas, que es de competencia federal, en la provincia han sido escasos los fallos y condenas sobre este tipo de delitos.

En la “orilla”. La presión de las deudas contraídas, la “caída” de las ofertas laborales iniciales y la falta de otros contactos en un país desconocido para estas mujeres las deja en una situación de vulnerabilidad propicia para ser explotadas por un proxeneta.

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